Una carta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) emitida hoy, en el décimo día de protestas contra la administración del presidente Guillermo Lasso parecía ser esta noche una llave para destrabar el conflicto, según se desprende del anuncio del gobierno de que está analizando esa misiva con la intención de iniciar un proceso de diálogo que hasta hace pocas horas era lejano.
«Damos por recibida la carta de respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y sus organizaciones afines. Estamos revisándola para iniciar un proceso de diálogo efectivo», dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su cuenta de la red social Twitter, reportó la agencia Sputnik.
La Conaie emitió su respuesta tras varios llamados al diálogo, por parte del Gobierno, de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, con asesoría técnica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea.
La organización insistió en las condiciones que ha puesto para iniciar el diálogo: la derogatoria del estado de excepción que rige en seis provincias del país, y la garantía de que no se impondrán nuevos decretos en el marco del paro nacional, algo a lo que el gobierno se había negado hoy enfáticamente.
El movimiento indígena también dijo que pide el cese inmediato «de las acciones de represión y criminalización».
Según el comunicado, la Conaie y las organizaciones sociales buscan un diálogo frontal y directo entre los actores involucrados, para lo cual considera innecesaria la presencia de mediadores o intermediarios.
Hasta esta declaración del ministro Jiménez la chance parecía empantanada por la negativa del Ejecutivo a derogar el estado de excepción.
La administración de Lasso se negó a derogar el estado de excepción con el argumento de que no puede dejar «indefensa a la capital», en palabras del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que remitió en sus declaraciones a las protestas de 2019: «Ya sabemos qué pasó, y esta vez no lo vamos a permitir».
En octubre de ese año la Conaie protagonizó también protestas en las que murieron entre 8 y 11 manifestantes, más de 1.500 resultaron heridos y 1.330 fueron detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos.
Miles de indígenas que llegaron esta semana a la capital para exigir una reducción de los precios de los combustibles se dispersaron en grupos para avanzar sobre la ciudad y, mientras levantaban barricadas que marcaban sus avances, lograron entrar al centro histórico tras romper el cerco policial.
Los dirigentes insistieron en que marchaban pacíficamente y el sitio Primicias citó palabras de varios referentes que advirtieron que aplicarán «justicia indígena» a quienes tiren piedras o rompan vidrieras.
Frente al Ministerio de Agricultura, el titular de la Conaie, Leónidas Iza, dijo que espera ver «ríos de gente caminando por Quito de manera pacífica».
De madrugada, Iza fue quien puso como condición para sentarse a conversar con funcionarios del Ejecutivo la derogación del estado de emergencia, que permite la virtual militarización de las calles y la imposición del toque de queda.
En el décimo día de manifestaciones, el sitio Primicias dio cuenta de cortes de rutas en 18 provincias y el diario El Comercio señaló que la Corporación Quiport informó, en un mensaje en Twitter, que el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito mantenía todas sus operaciones aéreas.