Fiscales generales de 23 estados y la ciudad de Washington demandaron a la administración Trump por la reducción de 12.000 millones de dólares en fondos para la salud pública. Argumentan que estos recortes son ilegales y ponen en riesgo servicios esenciales y miles de empleos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) retiraron 11.400 millones de dólares asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios. Además, se cancelaron 1.000 millones de dólares de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendió los recortes argumentando que la pandemia de COVID-19 terminó y que el dinero debe reasignarse a la lucha contra enfermedades crónicas. Sin embargo, los demandantes afirman que estos fondos también financiaban la respuesta a crisis sanitarias como la gripe aviar y la crisis de opioides.
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Letitia James, fiscal general de Nueva York, advirtió que estos recortes afectarán el acceso a tratamientos de salud mental y adicciones. Los departamentos de salud estatales manifestaron su preocupación por la interrupción abrupta de programas esenciales para la prevención de enfermedades.
La demanda sostiene que el gobierno federal no tiene autoridad para eliminar fondos ya asignados por el Congreso. Además, se suma a más de 100 litigios previos contra las políticas ejecutivas de Trump en su segundo mandato.
El caso podría escalar a una disputa constitucional si la administración se niega a acatar un fallo judicial adverso. Expertos advierten que la interrupción de estos fondos debilita la capacidad del país para enfrentar futuras emergencias sanitarias.
Fuente: CNN.
