La redada en las favelas del norte de Río de Janeiro terminó con 121 muertos —entre ellos cuatro policías y dos adolescentes— y 99 detenidos. Solo cinco de los sospechosos buscados fueron arrestados. El informe policial revela graves inconsistencias y desata un fuerte debate político y social.
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El operativo policial más mortífero en la historia de Brasil tuvo lugar en los barrios obreros del norte de Río de Janeiro, donde la llamada “Operación Contención” dejó 121 muertos, incluidos cuatro policías y dos adolescentes, además de 99 personas detenidas. El hecho ocurre una semana antes de la cumbre climática COP30, y ha generado una profunda conmoción nacional.
De acuerdo con un informe revisado por Reuters y presentado ante la Corte Suprema de Brasil, ninguna de las 117 víctimas civiles estaba entre los 69 sospechosos originalmente señalados por la Fiscalía. Solo cinco fueron arrestados durante el operativo, y ninguno tenía un papel de liderazgo dentro del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país.
El despliegue contó con la participación de 2.500 agentes, y aunque el gobernador Claudio Castro lo calificó de “exitoso”, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo definió como “desastroso”. La diferencia de posturas expone la polarización en torno al enfoque de seguridad: mientras el Gobierno nacional apuesta por atacar las estructuras financieras del crimen, los sectores conservadores celebran las redadas masivas como una vía efectiva para enfrentar el narcotráfico.
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El informe policial detalla que solo un líder intermedio fue capturado sin resistencia, mientras que los principales jefes del Comando Vermelho, entre ellos Edgar Alves de Andrade, alias Doca, permanecen prófugos. En las favelas, vecinos alinearon decenas de cuerpos en las calles, una escena que refleja la magnitud del caos.
El secretario de Seguridad Pública, Víctor dos Santos, defendió la operación: “No fue fácil identificar a los sospechosos entre 280.000 personas”, declaró, y aseguró que incluso los 19 fallecidos sin antecedentes eran “criminales”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de la fuerza.
Testimonios de familiares, como el de Samuel Peçanha, padre de un adolescente de 14 años asesinado, reflejan la indignación: “La policía los detiene, los ejecuta y ya está. Aquí no hay ley”, lamentó. Taua Brito, madre de otro joven, aseguró que su hijo “tenía derecho a ser arrestado, no a ser asesinado”.
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Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 44.127 muertes violentas en el país, de las cuales 6.243 fueron provocadas por la policía, lo que equivale a un promedio de 17 por día.
Pese a las críticas, una encuesta de AtlasIntel muestra que el 55 % de los brasileños apoya la operación, lo que evidencia la compleja percepción social sobre la violencia estatal. Para el defensor público Pedro Carriello, la represión no es la solución: “Se desarticula un grupo, pero no el problema. Lo que queda son las pérdidas humanas”.
Fuente y foto: Infobae
