Foto de archivo.
El concejal sostuvo que «volver a la mentira de la pirotecnia cero no afectaría a los chicos que tienen autismo ni a los animales».
A poco más de dos meses de las Fiestas, el uso de pirotecnia en Comodoro Rivadavia generó un intenso debate. La organización Padres TEA alertó que la derogación de la ordenanza que prohibía completamente los fuegos artificiales derivó en un aumento de ventas y complicaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa.
El conflicto se evidenció en la última sesión del Concejo Deliberante, con un cruce entre los concejales Omar Lattanzio y Gimena Borquez. La disputa surgió por un proyecto que buscaba modificar la ordenanza vigente, que permite la pirotecnia lumínica, y quedó frenada tras el uso del voto doble por parte de Lattanzio en comisión.
Al dialogar con Radio 3, Lattanzio defendió su postura afirmando que “volver a la mentira de la pirotecnia cero no afectaría a los chicos que tienen autismo ni a los animales, y permitiría que todos disfruten sin generar daño”. Además, cuestionó que la iniciativa tenía un interés electoral, buscando politizar un tema sensible.
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Por su parte, Borquez negó los señalamientos y sostuvo que la presentación del proyecto responde a pedidos de asociaciones que no fueron escuchadas al momento de aprobar la normativa vigente. “Venimos solicitando esto porque queremos proteger a los niños y escuchar a la comunidad”, indicó la concejala.
El debate continuará en una reunión con el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, quien confirmó que evaluarán mecanismos para garantizar que se cumpla la normativa actual, que permite fuegos lumínicos pero prohíbe los estruendos. Gómez aseguró que el control efectivo es posible con voluntad política y coordinación con los inspectores.
Entre los desafíos a resolver se encuentra la venta online de pirotecnia de estruendo, que está prohibida en locales autorizados pero puede ingresar por transporte. Finalmente, Lattanzio destacó la necesidad de supervisar lo que llega, a quién y cómo, para asegurar el cumplimiento de la ley y proteger a los sectores más vulnerables durante las celebraciones.


