Varios enfrentamientos sacudieron este lunes las inmediaciones de la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP, parlamento) de Túnez, después de que el presidente Kais Saied suspendiera la actividad legislativa y destituyera al primer ministro, Hichem Mechichi, y a otros miembros del gabinete, lo que profundizó la crisis del país y puso en alerta a la comunidad internacional.
Este domingo por la noche, tras una jornada de manifestaciones en numerosas ciudades del país, Saied anunció la suspensión de la actividad del parlamento durante 30 días y anticipó que se haría cargo del poder Ejecutivo.
Como en la mayoría de los regímenes parlamentarios, el presidente es el jefe del Estado pero no el de Gobierno, responsabilidad que recae en el parlamento.
El mandatario del país árabe del norte de África hizo el anuncio luego de una reunión de emergencia con responsables de las fuerzas de seguridad en el palacio presidencial de Cartago.
Además de la destitución del premier Mechichi, la Presidencia de la República anunció este lunes que cesaba de sus cargos al ministro de Defensa, Ibrahim Bartaji; y a la vocera del gobierno, ministra de la Función Pública y ministra interina de Justicia, Hasna Ben Slimane.
Saied defendió su decisión y argumentó que lo hizo para «salvar Túnez, al Estado y al pueblo tunecino».
La única persona de las tres depuestas en estas 48 horas que hizo declaraciones públicas fue Mechichi, quien publicó este lunes una nota en Facebook, en la que analizó su accionar y anunció que aceptaba la decisión del mandatario.
«Transmitiré mis responsabilidades a la persona que sea nombrada por el presidente de la república según las tradiciones del Estado, augurando éxito al nuevo equipo de gobierno», afirmó en la nota.
En la misma línea, agregó: «Pido a la gente mantener la calma y no ceder a las provocaciones. No quiero ver siquiera una gota de sangre».
Después del discurso de Saied, tunecinos enojados por las luchas de poder y la cuestionada gestión de la crisis social y sanitaria por parte del gobierno salieron a las calles a pesar del toque de queda vigente por la pandemia, con fuegos de artificio y haciendo sonar las bocinas de sus autos en la capital Túnez y otras ciudades.
Este lunes, frente al parlamento, varios centenares de seguidores de Saied y de Ennahdha, el partido político gobernante y de orientación islamista, se enfrentaron con piedras y botellas delante del parlamento, en la ciudad de Túnez.
Rached Ghannouchi, líder de Ennahdha y presidente de la ARP, llamó a la movilización y estuvo casi 12 horas frente a la puerta cerrada de la institución, a la que no pudo acceder porque los militares desplegados para custodiarla se lo impidieron.
Estas medidas buscan «cambiar la naturaleza del régimen político en Túnez y transformarlo de un régimen democrático parlamentario en un régimen presidencial, individual y autoritario», consideró en una declaración publicada en la página oficial de Ennahdha.
Ghannouchi y Saied se hallan inmersos en un pulso político desde hace seis meses, que paralizó el gobierno y perturbó a los poderes públicos en plena ola de contagios de coronavirus que sacude al país desde principios de julio.
Además de Ennahdha, las formaciones de su coalición, Qalb Tounes, y el movimiento islamista nacionalista Karama, también condenaron las decisiones del mandatario.
En la oposición, la Corriente Democrática, un partido socialdemócrata que apoyó a Saied en varias ocasiones, también rechazó la medida, aunque la achacó a «la tensión popular y a la crisis social, económica y sanitaria, y a falta de horizontes de la coalición en el poder dirigida por Ennahdha».
En tanto, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, una influyente central sindical, apoyó implícitamente las decisiones indicando que eran «conformes» a la Constitución, aunque pidió la continuación del proceso democrático más de una década después del levantamiento que terminó con la dictadura de Zine el Abidine Ben Alí.
«Es hora» de que los responsables de la situación «degradada» del país «asuman sus responsabilidades», enfatizó el sindicato.
En ese contexto, la policía cerró sin orden judicial las oficinas de la televisora catarí Al Jazeera, decisión criticada por Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, y la Presidencia anunció una ampliación de de 19 a 6 del toque de queda, inicialmente establecido para reducir los casos de coronavirus.
Con casi 18.000 muertos por Covid-19, el país, de 12 millones de habitantes, presenta una de las peores tasas de mortalidad del mundo.
Además, se prohibieron las reuniones en la calle de más de tres personas y se dieron dos días de asueto a los funcionarios.
La comunidad internacional rápidamente se hizo eco de los hechos recientes.
«Estamos siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos en Túnez; pedimos a todos los actores que respeten la Constitución, sus instituciones y el estado de derecho», señaló la vocera de Exteriores de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali,y exhortó a las partes a «evitar cualquier resorte de violencia».
La Liga Árabe, organismo regional del que Túnez forma parte, espera que el país «supere rápidamente el actual período de turbulencias y vuelva a la estabilidad y la tranquilidad para que el Estado pueda trabajar de manera efectiva, respondiendo a las ambiciones y demandas de su pueblo», según el comunicado oficial.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló este lunes por teléfono con Saied y lo «alentó a apegarse a los principios de democracia y derechos humanos que son la base del gobierno en Túnez».
Por su parte, Turquía, aliada de Ennahdha, pidió que se restaure la «legitimidad democrática», Alemania reclamó el «regreso del orden constitucional lo más rápidamente posible», y Francia pidió «un retorno, lo más pronto posible, a un funcionamiento normal de las instituciones».
