«La asesora de Familia, doctora Alexia López, presentó una acción de amparo contra el estado provincial en el Juzgado de Familia de Rawson para buscar la forma que los chicos vuelvan a clases porque vemos que está afectado el derecho del acceso a la educación», explicó Daroca en diálogo con los medios.
«Este jueves el juez de Familia, el doctor Martín Alesi, dictó una medida cautelar en la que ordena a Nación cubrir los fondos necesarios a los fines de restablecer el derecho a la educación de los chicos de Chubut», reveló.
El defensor general indicó que se trata de la ley de 2003 que aprueba un convenio firmado en julio de ese año entre la Presidencia de la Nación y los gobernadores, por el medio del cual se unifica el ciclo lectivo de 180 días de clases y dentro de la misma norma, en el artículo cuarto, se establece que aquellas jurisdicciones provinciales que tengan dificultades para cumplir con el objetivo de los 180 días podrán solicitar los fondos al Estado nacional a tal efecto.
«Por esa vía de amparo, la doctora López solicitó al Estado provincial que haga los trámites ante Nación para garantizar los fondos necesarios y cumplir con el calendario escolar», remarcó Daroca.
«La provincia debe solicitar los recursos y Nación tendrá que responder a los términos que establece la ley», sostuvo el funcionario.
«La medida cautelar también contiene otros dos pedidos: requerir al Ministerio de Educación un plan para cumplir con el ciclo lectivo y otras alternativas para garantizar el derecho de los chicos», señaló.
«El recurso de amparo debe ser ahora elevado a un Juzgado Federal que puede ser en Rawson o atento a la existencia de un amparo presentado en Madryn y por el artículo cuarto de la Ley de Amparos que habla del Fuero de Atracción, que indica que cuando hay más de una causa por la misma temática, aquel juez que intervino en primer término, tiene la atracción de todos los procesos que estén relacionados con el tema. Posiblemente otro de los caminos es que el amparo sea abordado en los tribunales de Madryn», fundamentó el defensor general.
Los dirigentes de ATECH, Santiago Goodman, y de SITRAED, Gerardo Carranza, fueron quienes venían insistiendo con la aplicación de esta norma.
