El presidente Joe Biden presentará una orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo y autoriza el cierre de la frontera con México tras cierto número de cruces ilegales. La medida, anunciada en plena campaña electoral, busca abordar preocupaciones sobre la gestión migratoria.
El presidente Joe Biden está listo para anunciar una orden ejecutiva que restringirá las peticiones de asilo y facultará el cierre de la frontera con México ante un aumento significativo de cruces ilegales. Esta medida, que se espera sea revelada el martes, llega en un momento crucial de la campaña electoral, donde la gestión fronteriza ha cobrado relevancia como uno de los temas principales para los votantes.
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La orden ejecutiva permitirá a las autoridades de inmigración deportar rápidamente a aquellos que entren al país de manera irregular. Aunque aún no se ha especificado el umbral exacto que desencadenará el cierre de la frontera, algunos funcionarios del Gobierno han sugerido que se podría establecer en 4.000 cruces diarios durante una semana. Una vez alcanzado este límite, se tomarán medidas inmediatas para el retorno de los recién llegados.
Para respaldar esta acción, Biden invocará la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una herramienta utilizada previamente por la administración Trump para implementar políticas migratorias restrictivas y prohibir la entrada a ciertos grupos, como en el caso del veto a musulmanes de seis países en 2017.
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Sin embargo, la orden ejecutiva parece excluir a los menores no acompañados de estas medidas. Además, se espera que endurezca el proceso de otorgamiento de asilo, una protección fundamental en Estados Unidos. Actualmente, el Gobierno procesa alrededor de 1.450 solicitudes diarias en los puertos de entrada, y busca agilizar este proceso mediante una aplicación móvil y entrevistas desde el país de origen.
La propuesta de Biden ha estado en desarrollo desde abril, generando especulaciones y preocupaciones sobre posibles acciones legales por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y Estados republicanos críticos con la gestión fronteriza del presidente.
Fuente: El País
