La defensa de Cristina Kirchner formalizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una presentación para cuestionar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictadas en la causa Vialidad. El planteo fue presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
Los letrados sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y buscan que el organismo internacional revise esos planteos. La presentación ante la ONU no constituye una nueva instancia de apelación sobre el contenido de la sentencia y un eventual pronunciamiento favorable no implicaría por sí mismo la anulación automática de la condena.
La defensa incorporó además una nueva evidencia que había sido presentada públicamente el 15 de septiembre. Según los abogados, un análisis basado en información de la Dirección Nacional de Vialidad indica que las empresas del Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibieron el 0,85% de los fondos de un fideicomiso administrado por el organismo entre 2009 y 2015.
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A partir de esos datos, Beraldi y sus colegas sostienen que la información contradice uno de los fundamentos utilizados en la condena. La defensa afirma que el porcentaje demuestra que el mecanismo de financiamiento cuestionado no tuvo como finalidad beneficiar a Báez. Esta interpretación es rechazada por sectores vinculados al expediente, que señalan que el juicio se centró específicamente en la obra pública vial de Santa Cruz y no en el conjunto de los fondos administrados por Vialidad a nivel nacional.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La defensa busca que el planteo sea considerado durante la próxima sesión del organismo, mientras que en el ámbito judicial argentino también analiza vías para solicitar la revisión de la sentencia.
La condena contra la expresidenta quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de su defensa. En paralelo, el equipo jurídico de Kirchner sostiene que la nueva evidencia debe ser considerada para revisar los efectos de la sentencia, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
