La Justicia abrió una investigación preparatoria por seis meses contra personas de Comodoro Rivadavia y Esquel, señaladas como presuntas cajeras y cajeros de una estructura que operaba mediante plataformas virtuales y billeteras digitales.
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECYED) imputó a diez personas por su presunta participación en una red de explotación ilegal de juegos de azar mediante plataformas electrónicas. La jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura de una investigación preparatoria, cuyo plazo fue fijado en seis meses.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) ante el Ministerio Público Fiscal del Chubut. Según la investigación, las personas involucradas habrían operado apuestas sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad competente.
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Los diez imputados son oriundos de Comodoro Rivadavia y Esquel y, de acuerdo con la acusación, habrían cumplido funciones como cajeras y cajeros dentro de la estructura. Su tarea habría consistido en recibir y distribuir el dinero proveniente de las apuestas mediante billeteras virtuales y otras cuentas electrónicas.
La investigación sostiene que la presunta organización utilizaba redes sociales y plataformas virtuales creadas para captar apuestas, mientras que las billeteras digitales permitían canalizar los fondos. La Fiscalía analiza la posible participación de los diez imputados como autores o partícipes necesarios de la operatoria.
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La conducta investigada está contemplada en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La norma incluye tanto modalidades presenciales como aquellas desarrolladas mediante plataformas virtuales.
Los cargos fueron comunicados durante cuatro audiencias realizadas este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, con participación de los imputados a través de Zoom. La fiscal general Eugenia Domínguez, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg, intervino en representación del Ministerio Público Fiscal. Los acusados contaron con asistencia de defensores particulares y oficiales.
Con la apertura de la investigación, la Fiscalía tendrá seis meses para avanzar en la recolección de pruebas y determinar el alcance de la presunta red de apuestas. El Estado provincial, representado por el Instituto de Asistencia Social y la Fiscalía de Estado, figura como parte afectada en el proceso.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
